Pellerano y Mendoza fueron condenados en primera instancia a tres años de cárcel en un juicio en que no se escuchó a un solo testigo y no se presentó un solo documento válido. La base de la condena fue una supuesta auditoría realizada por la firma de contadores KPMG, firma que certificó no haber emitido dicha opinión.
Posteriormente, en otro hecho insólito, la sentencia les fue aumentada a ocho años por la Corte de Apelación. Esta sentencia fue ratificada por la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia.
"Con esa gente se cometió un abuso. Deberían enviarlos a sus casas, para que sigan creando empleo", comentó María Pérez Valdez, una ama de casa consultada por este diario. Igual opinión expresó Sócrates Espinal, quien agregó, "a ellos lo condenaron por presión de grupos y además ya pagaron y tienen tres años presos. Qué es lo que esperan para soltarlos".
El caso de la sentencia de primera instancia es de estudio, porque la condena ocurre luego de que los querellantes, todos personas privadas, fueran desinteresados de sus demandas y así lo comunicaran a las autoridades judiciales.
El propio Ministerio Público opinó que el caso no era de naturaleza penal, sino un caso civil de cobro de pesos y a pesar de todo ello, el Departamento de Prevención de la Corrupción, retuvo el caso, sin tratarse de un caso de corrupción pública y así se pasó a la jurisdicción de juicio. Se recuerda además, que la Procuraduría General de la República desistió de su persecución penal en la etapa de casación.
Por lo tanto, Pellerano y Mendoza están presos en virtud de una sentencia irregular, sin acusadores públicos ni privados y luego de haber satisfecho sus deudas con todos sus acreedores.
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